DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
José Manuel Juárez
Núñez*, Sonia Comboni Salinas** y Fely Garnique Castro***
POLÍTICA DE INCLUSIÓN O
DEMOCRACIA INCLUSIVA
La inclusión en el campo de la
educación requiere de una visión no sólo nacional, sino internacional, como
política orientadora para los países miembros de las Naciones Unidas. Por lo
tanto, es importante reconocer que para la UNESCO:
La inclusión es un movimiento
orientado a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad
del alumnado. Es fundamental para hacer efectivo el derecho a la educación con
igualdad de oportunidades y está relacionada con el acceso, la permanencia, la
participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en
aquellos que por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser
marginados.
La política educativa referente a
los niños con necesidades educativas especiales en todos los países no ha sido
congruente a lo largo de la historia: desde una concepción separatista,
segregacionista de creación de recintos especiales para niños con algún tipo de
discapacidad, hasta la escuela de integración, sin tener en cuenta qué es la
integración escolar, cómo se puede llevar a cabo y qué tipo de modificaciones
curriculares se deberían haber hecho para lograrlo e, incluso, qué tipo de
formación se debería dar a los maestros en formación y qué clase de
capacitación a los que estaban en ejercicio; tampoco se pensó en dotarlos de
auxiliares que apoyasen su labor en el aula cuando contaban con alumnos de
estas características.
Ahora bien, las reformas
democráticas deben pasar por la escuela, de manera que podamos formar
ciudadanos del futuro bajo esta nueva visión de la sociedad. La democracia en
la educación pasa primero por el acceso a la escuela, de modo que ningún
ciudadano se quede sin escolaridad y todos –niños, jóvenes, adultos, hombres y
mujeres, discapacitados o no– satisfagan sus necesidades básicas de
aprendizaje.
Esta noción no se reduce
únicamente a la ampliación de los servicios educativos, sino que se amplía para
tomar en cuenta los contextos socioeconómicos, políticos y culturales de los
alumnos y alumnas, con el fin de fomentar la adquisición de competencias que
les permitan mejores aprendizajes, mejorar su calidad de vida y lograr un
desarrollo económico, social y cultural que redunde en el mejoramiento de su
desempeño profesional y en su calidad de vida.
No se trata entonces solamente de
los principios básicos de la lectura, la escritura, expresión oral, el cálculo
y la solución de problemas como objetivo final de la escolaridad, sino como
base para alcanzar mayor desarrollo humano a partir de sus contenidos básicos,
conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes, necesarios "para
que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el
desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y
continuar aprendiendo". Aunque estas necesidades básicas cambian según los
países, las culturas y las épocas, hoy parece ser una necesidad básica, por
ejemplo, el manejo de la computadora, el saber navegar en internet, a fin de
tener acceso a mayor información y, posiblemente, a un trabajo.
Una democracia educativa así
entendida sería insuficiente para abarcar a una cantidad de ciudadanos que con
frecuencia son excluidos del sistema educativo, los discapacitados de cualquier
tipo –unos más que otros pero segregados o, peor aún, discriminados por la
sociedad, la escuela y los ciudadanos mismos.
Por ello, la democracia sin la
reforma de la escuela está incompleta; y ésta, sin el cambio social, es una
ilusión utópica.
Ante esta situación, algunos
autores como Skrt (1995) proponen como punto de partida en la búsqueda de
soluciones, el paso de la democracia simple hacia una adhocracia, entendida
como la posibilidad de participación en las decisiones de todos los sectores de
la sociedad –gubernamental, ciudadano– sin distinción de edades, sexos y
condiciones socioeconómicas, políticas o culturales, de salud o de situación
profesiográfica o civil.
Para este autor, la adhocracia es
de carácter lateral y dialógico, lo que se opone a la burocracia. Es decir, la
búsqueda de soluciones a los problemas enfrentados implica la participación de
todos los miembros de la sociedad, cada uno con sus propias calificaciones y
conocimientos. En un proceso de colaboración fundamentado en el respeto a la
diversidad, se participa solidariamente aportando ideas para construir acciones
que conduzcan a la solución de los problemas. Por tanto, no se necesitan
especialistas. Esta concepción, trasladada a la escuela, da como resultado lo
que se denomina escuela inclusiva.
Este tipo de escuela no es una
utopía de unos cuantos pedagogos, es la decisión política de carácter mundial
que en América Latina y el Caribe, se rige por los acuerdos del "Foro
Consultivo Internacional de Educación para todos. Educación para todos en las
Américas. Marco de Acción Regional"
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